La Federación Francesa de Rugby (FFR) fue formalmente acusada de homicidio involuntario en el marco de la desaparición del joven jugador Medhi Narjissi, ocurrida en 2024 durante una gira en Sudáfrica.
Narjissi participaba de un torneo en Ciudad del Cabo cuando, en una jornada de recuperación en la playa, fue arrastrado mar adentro por la corriente. A pesar de los intensos operativos de búsqueda, el jugador nunca fue encontrado.
El caso generó una fuerte conmoción en el ambiente del rugby. El joven era hijo de Jalil Narjissi, excapitán de la selección de Marruecos, quien apuntó directamente contra la responsabilidad de la delegación.
“Mi hijo estaba bajo la responsabilidad de la federación. No fueron ellos quienes lo metieron al agua, pero contribuyeron al desastre. Había doce adultos en la delegación y nueve en la playa. Ninguno se opuso a que nadara”, expresó.
Tras una investigación interna, la propia FFR reconoció fallas en los procedimientos. En un comunicado oficial, el organismo señaló deficiencias en la supervisión y en la gestión de la actividad.
“Parece que la gestión de los procedimientos y la supervisión de las sesiones fueron deficientes. En particular, se evidenció una falta de instrucciones claras hacia el cuerpo técnico y los jugadores”, indicaron.
Además, remarcaron que no se tuvieron en cuenta señales de advertencia sobre el peligro del lugar, algo que calificaron como especialmente grave dadas las consecuencias.
Pese a la imputación, desde la defensa de la federación buscaron bajar el tono de la acusación. El abogado Mathias Chichportich sostuvo que se trata de una instancia inicial del proceso judicial y que no implica culpabilidad.
“Esto supone un paso inicial de procedimiento que no constituye en modo alguno una señal de culpabilidad”, afirmó.
El letrado también aseguró que la actividad en el mar no había sido autorizada por la federación y que se trató de una decisión errónea del entorno inmediato.
“La decisión de organizar una travesía a nado en un lugar peligroso es un grave error, pero no es atribuible a la Federación. No fue planificada ni validada”, explicó.
El caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas instancias judiciales, mientras la familia Narjissi mantiene su reclamo en busca de responsabilidades por lo ocurrido.
