Ambiente convulsionado

La filtración de la noticia de que un jugador de CUBA no asistió al control está dejando tela para cortar. Son varios los frentes que tiene hoy abiertos la URBA, algo que incomoda a más de un dirigente por cuánto es todo más complicado de lo que pareciera ser.
En el lapso de pocos días se supo de dos situaciones que generaron mucho ruido en un ambiente ya de por sí movilizado. Las filtraciones llegaron cuando más tranquilidad se necesita ya que el rugby porteño debe definirse respecto a su visión sobre el rugby de futuro, y para ello hay una Asamblea Extraordinaria prevista para el 1º de agosto. Las becas que entre la Unión Argentina de Rugby y la Secretaría de Deportes de la Nación le pagan a los jugadores que integran el Plan de Alto Rendimiento (PLAR) es el tema a definir.
Fue el diario deportivo Olé quien rompió uno de los silencios más cerrados del rugby argentino. En su edición del martes 5 de este mes informó la suspensión de 18 meses al jugador Manuel Crego Bonhomme.
En el partido que su club jugó ante Belgrano Athletic el pasado 14 de mayo, el tercera línea de CUBA fue sorteado para ser testeado por los controles antidoping de la URBA. Optó por no dar su muestra de orina. Las razones por su deserción no se conocen (fue debidamente notificado y los procedimientos para el control se cumplieron de manera adecuada). Su decisión le terminó valiendo una larga sanción. No presentarse a los controles asume culpabilidad y es tan complicado como una muestra con sustancias prohibidas.
Consultado por alRugby.com, Adrián González Fischer, secretario de la URBA, se excusó de hablar del tema. “No puedo confirmar o negar nada ya que el tema del doping requiere confidencialidad; está protegido por la Ley del Deporte”. González Fischer y el presidente Carlos Campagnoli (que directamente declinó hablar con este medio para este envío) son los encargados de sortear adónde se realizan los testeos en el rugby porteño. “Es aleatorio el sorteo y con número, nosotros no sabemos adónde va a ir”, explica el secretario. La suerte, o no, hizo que algunos clubes sean visitados varias veces en medio de sospechas. No informar es, en estos casos, esconderse.
La URBA reconoce que el control es escaso, escasísimo. Se está en conversación con las secretarías de deportes de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para lograr un mayor financiamiento a los casi 60.000 pesos que paga la URBA para controlar mejor a sus deportistas. El rugby, el fútbol y el hipismo son los deportes que tienen algún tipo de control habitual. No alcanzan.
El ambiente está convulsionado, más allá del fantasma del doping, por la filtración de la información. En casos de doping, la información la manejan un reducido grupo de personas. “Muchos en el club se enteraron por el diario y eso generó mucho malestar”, comentaba un referente CUBA. Los jugadores estaban bien al tanto del tema.
En el ambiente ronda la duda permanente sobre la “limpieza” del rugby. Dopaje hubo, hay y habrá.
El otro tema que también generó incomodidades y la búsqueda de una “garganta profunda” que esté compartiendo los secretos de la URBA con la prensa fue la reciente reducción en las suspensiones a dos jugadores (uno emblemático) de clubes con Consejeros en la URBA.
Disciplina es otro sector de la URBA que prefiere mantener sus decisiones en la oscuridad. Por ello, cada sanción filtrada es también un dolor de cabeza para la institución. En un deporte con público, donde se sanciona de manera visible, el siguiente paso es privado.
Si bien en la página de internet de la Unión hay un cuadro de sanciones, nada dice allí de las apelaciones.
Y fue aquí de donde surgieron los ruidos cuando se les redujeron a la mitad las sanciones a Carlos Nieto y al ex Puma Hernán Senillosa. Al primero se lo había sancionado con unas 550 semanas por intentar agredir al referí Ignacio Iparaguirre en el siempre difícil San Albano vs. Los Matreros. Tuvo la suerte de ser frenado por un rival de San Albano. Por ese comportamiento, las sanciones van de las 104 a las 780 semanas. Mientras que el segundo insultó dos veces al terminar la semifinal del año pasado al referí Federico Cuesta. Después de la primera, el árbitro le dijo que sería informado a lo que le pidió agregar un segundo epíteto. Si bien las sanciones van de los 6 meses a los 5 años, Senillosa fue suspendido por un año.
Si se suma el caso de Alejandro Galli, de Belgrano Athletic, que amenazó a Leonardo Borghi después de un partido y fue sancionado con un año de inactividad, son tres los casos emblemáticos que generan el ruido en el ambiente.
Para poder apelar la longitud de la sanción debe haber sido superada la mitad efectiva de la misma. Los tres jugadores vieron sus sanciones reducidas a la mitad de lo que originalmente había sido decidido y además tienen una “probation” en la que deben referear igual cantidad de partidos que de semanas que quedan por cumplir.
Por más que los referís se quejen en privado de la falta de protección que éstas decisiones les generan, el presidente de la Asociación de Referís de la URBA, Ricardo Etchebehere, sentencia: “Se actuó de acuerdo al reglamento. Los referís expulsan por lo que hacen los jugadores y después sanciona la URBA. No hay nada más que agregar”.
Un grupo de referís planteó algún tipo de acción. Nada pasará y en la URBA hoy se presenta la segunda etapa de su torneo. La charla seguramente no pase por el rugby en sí. Mucho se hablará de estos temas.
Tal vez sea hora de que la URBA se encargue de ampliar su comunicación y no esconder casos como los de arriba. Con dos facciones bien diferenciadas en el mismo Consejo de la Unión, las filtraciones van a aparecer. Siempre.
Por: Frankie Deges
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