“En virtud de todo lo expuesto, y habiendo analizado de manera integral las pruebas reunidas en la causa, resulta evidente que la versión de los hechos sostenida por la parte querellante no encuentra respaldo en los elementos objetivos incorporados en el expediente. Por el contrario, la evidencia fílmica, los testimonios recabados, las pericias médicas y psicológicas, así como los propios mensajes de la denunciante en las horas y días posteriores a los hechos, han desvirtuado en forma contundente la hipótesis acusatoria. En este marco, y ante la falta de elementos que permitan sostener una imputación seria contra los señores Hugo Auradou y Oscar Jegou, corresponde confirmar el sobreseimiento dictado por la señora jueza de grado”.
Así, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza confirmó el sobreseimiento de los dos jóvenes rugbiers franceses que habían estado presos en la Argentina después de que una mujer denunciara que había sido violada en un hotel mendocino después de un partido entre los Pumas y la selección de Francia, en julio pasado.
“Por segunda vez demostramos la absoluta inocencia de Jegou y Auradou . La denuncia fue falsa, equivocada y, como dice la sentencia, generó mucho daño a mis dos defendidos. Es una demostración de que las denuncias falsas deben tener penas más elevadas. Estamos pensando en denunciar a denunciante y su abogada. La perspectiva de género no es un cheque en blanco. Las pruebas no se equivocan”, dijo a LA NACION el abogado Rafael Cúneo Libarona, defensor de los dos rugbiers, después de conocer el fallo del tribunal de alzada.
El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza de Garantías Elenora Arenas, en diciembre pasado. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Orieta Chaler, jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, y por su colega Darío Nora, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, había solicitado el sobreseimiento “por duda o falta de pruebas”.
La resolución de la jueza Arenas fue apelada por la querella. Entre otras cuestiones, criticó “la ausencia de perspectiva de género en la valoración de la prueba”, “la desestimación de pruebas relevantes” y “la actuación del Ministerio Público Fiscal, señalando que adoptó un enfoque erróneo y sesgado de la investigación”.
Pero el tribunal de alzada rechazó la apelación al entender que “la resolución dictada por la señora jueza de primera instancia se encuentra debidamente fundada y resulta ajustada a Derecho”.
“Compartimos la conclusión de que la investigación ha sido amplia y exhaustiva, sin que se advierta la existencia de prueba pendiente de producción que pudiera modificar la situación procesal de los imputados. En consecuencia, este Tribunal confirma el criterio adoptado en la instancia de grado y reafirma que el sobreseimiento dictado en favor de los señores Auradou y Jegou es la única solución posible en el marco de las pruebas reunidas en la causa”.
Sobre la supuesta falta de perspectiva de género durante la investigación, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza afirmó: “Como bien ha sostenido la jueza de grado, así como el Ministerio Público Fiscal y la defensa, la aplicación de dicho enfoque no implica en modo alguno desvirtuar los estándares probatorios exigidos para la acreditación de hechos delictivos, ni mucho menos vulnerar el principio de inocencia o la garantía de defensa en juicio. En este caso, en particular, consideramos que el Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y detallada, que, pese a su profundidad, no ha aportado elementos suficientemente sólidos para sostener la sospecha sobre los imputados”.
Para finalizar, en el fallo donde se confirmó el sobreseimiento de los imputados se sostuvo: “Si bien es evidente que la denunciante ha atravesado, desde la interposición de la denuncia hasta la actualidad, diversas circunstancias que han afectado su salud física y mental, no es posible atribuir dichos padecimientos a los encartados. Por el contrario, la falta de una orientación jurídica clara y objetiva en torno a la valoración de los hechos pudo haber incidido en la forma en que la denunciante procesó y resignificó lo sucedido. No era su responsabilidad determinar si lo acontecido aquella noche constituía un delito, sino que, cumpliendo con su deber ciudadano, buscó el asesoramiento legal correspondiente, confiando en que recibiría una guía técnica adecuada. En este contexto, resulta innegable que ella tampoco es responsable de los graves daños infligidos, tanto a su persona como a los encartados. Además, el análisis integral de la prueba, en especial la evidencia fílmica que registra los momentos previos al ingreso a la habitación, muestra un intercambio sexoafectivo consentido entre Auradou y Lorente, lo que otorga plena plausibilidad a la versión de los imputados. En este marco, resulta innegable el grave perjuicio que esta causa ha generado en los encartados, afectándolos tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional, con consecuencias de difícil reparación”.
Por Gabriel Di Nicola
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