La crisis del rugby galés, iniciada antes del Mundial de Francia 2023, sigue afectando gravemente al deporte en el país. El seleccionado de Gales arrastra una preocupante racha de 17 derrotas consecutivas, y uno de sus clubes más importantes, Cardiff Rugby, estaría al borde de la quiebra.
Frente a este panorama, la Welsh Rugby Union (WRU) tomó el control administrativo del club capitalino y propuso un nuevo acuerdo de financiación para los equipos profesionales: el Professional Rugby Agreement 2025 (PRA25). Este acuerdo establece las bases de un modelo de financiamiento a cinco años, ofreciendo 6,5 millones de libras anuales a los clubes que lo firmen, frente a los 4,5 millones actuales.
Sin embargo, el conflicto estalló cuando Ospreys y Scarlets, dos de los cuatro clubes regionales, rechazaron firmar el acuerdo dentro del plazo de 48 horas exigido por la WRU, a diferencia de Cardiff y Dragons, que sí lo aceptaron.
La negativa de Ospreys y Scarlets radica en su desconfianza hacia la imparcialidad del reparto de fondos, ya que la WRU ahora es responsable directa de Cardiff. En un comunicado conjunto, ambos equipos solicitaron a la unión «garantías y claridad para asegurar que su gestión de Cardiff no genere un trato desigual ni perjudique a los clubes independientes». También remarcaron que su pedido apunta a promover la equidad, sostenibilidad y profesionalismo en el largo plazo para todo el rugby galés.
Aunque la WRU expresó su voluntad de mantener el modelo actual de financiamiento para quienes no firmen el PRA25, estos clubes recibirían 2 millones de libras menos por temporada, lo que podría acentuar la división geográfica y estructural dentro del rugby profesional en Gales.
