Para el rugby -como para la gran mayoría de los deportes- 2021 fue un año convulso y de rehabilitación, signado por las atrofias de un año de inactividad casi absoluta y los temores ante una amenaza todavía latente. No sin dificultades, la competencia local al menos pudo desarrollarse y completarse con cierta normalidad, y si bien las cifras de deserción en los clubes son considerables, no se llegó a los niveles alarmantes que se temía. El impacto es notable, pero no es irreversible.
Lo que terminó siendo el factor más preocupante son los hechos de violencia en los que se vieron involucrados jugadores de rugby. Desde el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de una patota en la cual había varios juveniles rugbiers, la Unión Argentina de Rugby decidió tomar cartas en el asunto y encarar el desarrollo y la implementación de un programa (”Rugby 2030”) que abordara la problemática de la violencia dentro y fuera de los clubes, con una mirada integral y a largo plazo. A casi dos años del caso Báez Sosa, los avances son más bien pocos: en general, el interés de los clubes por el programa Rugby 2030 es muy bajo y cada cierto tiempo algún nuevo episodio de violencia se replica en portales de noticias y redes sociales, reverdeciendo las críticas hacia el rugby como deporte generador de “patoteros”.
Dos de los más recientes tuvieron como protagonistas a jugadores y ex jugadores de clubes de Tucumán. El impacto que generaron tales hechos motivó a que la Unión de Rugby de Tucumán sacudiera la modorra de la postemporada comunicando una decisión de alto impacto: implementar en 2022 el derecho de admisión en los clubes a jugadores que participasen de alguna manera en hechos de violencia.
“En atención a los hechos de violencia que se vienen sucediendo, y como un modo de contribuir a la erradicación de tales conductas, la URT ha resuelto ejercer el derecho de admisión para aquellos jugadores que participaren en episodios violentos tanto individuales como colectivos en su carácter de autores, participes, cómplices etcétera. Velamos por una sociedad justa, solidaria, inclusiva y pacífica, por tanto repudiamos de manera enérgica actos y hechos que alteren dichos preceptos”, rezaba el comunicado.
La figura del derecho de admisión, utilizada desde hace años en el fútbol profesional para lidiar con el problema de los barrabravas, llegará así al rugby tucumano este año. Con esto, la URT ha dado un paso adelante en materia de sanciones, convirtiéndose en la primera Unión de rugby del país en utilizar esta herramienta. Existen muchos antecedentes de sanciones internas en clubes por comportamientos indebidos que tuvieron lugar fuera de sus instalaciones, pero esta vez el mandato baja desde la propia Unión con acuerdo de los clubes.
“Lo que buscamos es generar una consciencia en los jóvenes de que esto no puede seguir ocurriendo. Que no es gratuito ejercer violencia sobre otro”, argumentó Marcelo Corbalán Costilla, presidente de la URT. La decisión tuvo buena acogida en la opinión popular y fue elogiada por periodistas y aficionados de rugby de otras provincias. Corbalán Costilla no descarta complementar el derecho de admisión con otras medidas, como la de fijar un curso obligatorio sobre violencia como requisito de inscripción en 2022, similar al que deben cursar los que juegan en puestos de primera línea.
La URT no brindó mayores detalles sobre cómo se implementará el derecho de admisión, si será necesario que haya culpabilidad probada o bastará con estar imputado, o cuáles serán las sanciones para los clubes que no respeten la medida. Seguramente, dichos detalles se revelarán más adelante. Lo que sí, para que dicha medida tenga sentido, es indispensable el compromiso de los clubes en hacerla cumplir, así como de los socios en respetarla y exigir su cumplimiento. Sino, será solo otro parche que se despega con el tiempo.
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