Los ex jugadores retirados de la unión de rugby de Inglaterra y Gales se encuentran entre los seis que sufren problemas de salud relacionados con una conmoción cerebral que se han unido a una demanda contra World Rugby.
El jueves por la mañana se entregó una carta de reclamación de acción previa a World Rugby, la Rugby Football Union y la Welsh Rugby Union en nombre de nueve jugadores representados por Rylands Law.
Además de los forwards de Inglaterra Steve Thompson y Michael Lipman y el ala de Gales Alix Popham, el centro de Gales M-20 de 30 años Adam Hughes y el fullback de Inglaterra M-21 de 44 años Neil Spence también han optado por demandar.
Cuatro de los seis nuevos demandantes han solicitado permanecer en el anonimato, pero la agencia de noticias de la AP entiende que incluyen a un ex hombre del seleccionado inglés y otro del seleccionado galés.
Thompson reveló la semana pasada que no recuerda haber participado en el triunfo de la Copa del Mundo de 2003 en Australia debido a las lesiones cerebrales sufridas durante su carrera.
La base de la afirmación hecha en nombre de los nueve casos de prueba (Rylands Law dice que están hablando con más de 130 jugadores retirados más) es que los órganos rectores del deporte no brindaron protección suficiente contra los riesgos causados por la conmoción cerebral.
Hughes ha sido diagnosticado con lesiones cerebrales y síntomas posteriores a una conmoción cerebral desde que terminó su carrera en 2018, mientras que los ocho restantes han sido diagnosticados con lesión cerebral traumática, demencia de inicio temprano y probable encefalopatía traumática crónica (CTE).
El CTE es una enfermedad degenerativa progresiva del cerebro que se encuentra en personas con antecedentes de traumatismo cerebral repetitivo y anteriormente se conocía como síndrome de borrachera y demencia pugilística.
Rylands Law alega que los riesgos de conmociones cerebrales y lesiones subconmocionales eran “conocidos y previsibles” y enumera 24 fallas por parte de World Rugby, RFU y WRU.
Los órganos de gobierno tienen un máximo de tres meses a partir de la fecha de reconocimiento de la carta de reclamación para responder. La carta se centra en “alegaciones generales” en lugar de “una lista exhaustiva de las pruebas”.
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